Debemos recordar los ataques a Chavez acusándolo de dictador, lo mismo que hoy a Maduro. Hoy Venezuela se encuentra en gran peligro porque el presidente de los Estados Unidos decidió llevar la flota en el Mar Caribe con el propósito de invadir el país con el pretexto de combatir el narcotráfico. La realidad es que como no dio resultado en varios años para cambiar el gobierno, al principio con intentos de homicidio, luego con el intento de golpe colocando a su títere Juan Guaidó como presidente interino, han decidido actuar directamente. Pero “casualmente” se encuentran hoy con una nueva aliada y quien apenas ha obtenido el premio nobel de la Paz Maria Corina Machado quien manifestó su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos. Como si no bastara, Estados Unidos puso aranceles del 25% a quien compra petróleo o gas del Venezuela.                                                                     Bolivia también tuvo su golpe. Los Estados Unidos nunca aprobaron el gobierno de Evo Morales, debido que no les regaló sus riquezas en minerales, petróleo y gas. Hoy es importante también el yacimiento de litio. El golpe de Estado en Bolivia de 2019 se produjo del 10 al 20 de noviembre después de 21 días de protestas y presiones militares contra el gobierno de Evo Morales, al que un sector de la población acusaba de haber cometido fraude electoral en las elecciones de octubre, de acuerdo al informe de análisis de Integridad Electoral de la Organización de Estados Americanos. El 10 de noviembre Evo Morales había anunciado nuevas elecciones. El desenlace se produjo inmediatamente después de que el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas mediante un mensaje transmitido por televisión le sugiriera a Morales renunciar. El 11 de noviembre Evo Morales acepta la propuesta de asilo politico que Lopez Obrador, presidente de Mexico, le había ofrecido en horas posteriores a sugerencia de renuncia a la presidencia de Bolivia. Se registraron daños a la vivienda de Evo Morales, así como de sus familiares y políticos aliados. En ausencia del presidente y vicepresidente, el 12 de noviembre, la entonces segunda vicepresidenta de la cámara de senadores Jeanine Añez fue proclamada Presidenta del Estado (en medio de polémica por una sesión legislativa que carecía de quorum).                                                         De acuerdo al informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de China que habla acerca de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), agencia estadounidense que habría instigado a una revolución de colores invirtiendo 70 millones de dólares entre esta institución y USAID financiando a las élites blancas, ex-figuras de derecha y otros elementos anti-Morales, además de invertir otros montos específicos para objetivos concretos con medios de comunicación y fundaciones. Durante los casi 14 años de gobierno izquierdista de Morales, Bolivia disfrutó de estabilidad política y la tasa de crecimiento más rápida de Sudamérica. La tasa de pobreza continuó disminuyendo, los medios de vida de la población mejoraron notablemente y las tensiones entre blancos e indígenas disminuyeron significativamente. El gobierno de Morales ganó las elecciones generales, pero se vio obligado a dimitir por los «movimientos callejeros» y el ejército y la policía. Entre 2013 y 2018, la NED y la USAID proporcionaron, por diversos medios, 70 millones de dólares estadounidenses a la oposición en Bolivia, financiaron a élites blancas, ex figuras políticas de derecha y otros elementos anti-Morales, tejieron una red anti-Morales que abarca universidades, centros de estudios y organizaciones civiles, e incluso convencieron a indígenas bolivianos para que se opusieran a Morales. Varias figuras destacadas de la oposición recibieron dicho apoyo financiero o mantuvieron estrechas relaciones con Estados Unidos. A partir de 2018, la NED invirtió 45.000 y 42.000 dólares estadounidenses, respectivamente, a través de la Fundación para el Periodismo y la Agencia de Noticias Fides Compañía de Jesús para incentivar a los medios de comunicación de derecha bolivianos a desenmascarar la corrupción y el abuso de poder del gobierno de Morales y a calificar de «dictador» a Morales, quien buscaba la reelección. El 29 de octubre de 2019, tras la publicación de los resultados de las elecciones generales, líderes de la oposición, entre ellos Carlos Mesa, organizaron una manifestación pacífica, exigiendo la repetición de las elecciones y distribuyendo dinero en efectivo a los manifestantes. El líder opositor José Antonio Camacho, quien posteriormente se convirtió en el foco de propaganda de los medios de comunicación de derecha respaldados por la NED, incitó huelgas nacionales y se convirtió en un portavoz audaz y controlable de Estados Unidos. La NED también invirtió 200.000 dólares estadounidenses a través del Instituto Republicano Internacional, una institución central de la NED, para mejorar la capacidad de movilización y organización de los partidos de oposición y asesorar a los movimientos callejeros. En un evento de la NED el 13 de junio de 2017, ya se planteaban distintas formas para lograr que Evo Morales no logre acceder de nuevo a la vicepresidencia. Entre algunas participaciones destacan algunas por predecir algunos hechos que ocurrirían dos años más tarde:»Las Fuerzas Armadas deben forzar el camino a la democracia. No se puede derrotar a una tiranía autocrática con reglas democráticas». (Ronald MacLean, político boliviano de derecha). «El nuevo secretario de la OEA está trabajando muy duro para tener democracia de nuevo en Venezuela y luego pondrá su atención en Bolivia». (Raúl Peñaranda, ex-editor del periódico Página Siete, director de Brújula Digital y fellow del programa Reagan-Fascell Democracy Fellowship de NED). Entre las intervenciones de preguntas cabe resaltar: «se debe presionar internacionalmente para que los políticos opositores exiliados retornen», «Bolivia debe ser un ejemplo para la democracia porque es un país muy importante para Estados Unidos», «en la elección de 2019 debe crearse una ‘revolución de colores’: una sensación de robo de la elección, que la gente asista para votar pero que no fue limpia, eso causa que la gente se rebele para sacar un gobierno», además se sugieren tomar otras alternativas como un boicot. Entre los asistentes al evento estaba Manfred Reyes Villa, político y militar retirado. Karen Longaric, la canciller designada por Añez, anunció la mañana del viernes 15 de noviembre que todo «el personal de la embajada de Venezuela» en un plazo razonable debería abandonar Bolivia por haberse involucrado en asuntos internos. Dijo que se rompían las relaciones con ese país. También abandonaron Bolivia más de setecientos cubanos que estaban prestando trabajos de cooperación en áreas como salud y comunicación, tras un interrogatorio a Yohandra Muro, la coordinadora de la misión médica cubana en Bolivia, según informó el ministro de Salud Pública del Gobierno de Cuba, José Ángel Portal. Asimismo, Longaric oficializó la salida de Bolivia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos ─ALBA-TCP─ y anunció que se estudia la desvinculación de la Unión de Naciones Suramericanas ─UNASUR─ y opinó que «no existe, no opera y no beneficia para nada» a Bolivia.                                                                                                                           En noviembre del 2020 asume como sucesor a la presidencia de Yañez, Luis Arce y lo acompaña como vicepresidente David Choquehuanca  Cespedes.                                               A partir del año 2021, dentro del partido político del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) empezaron a surgir y aparecer «dos diferentes alas de masistas» y entre ellas están los «Arcistas» (seguidores del presidente Luis Arce Catacora) y los «Evistas» (seguidores del expresidente Evo Morales Ayma). Cabe mencionar que los politólogos bolivianos han identificado también el surgimiento de una tercera ala de ideología más indigenista dentro del MAS-IPSP y la cual serían los «Choquehuanquistas» (seguidores del vicepresidente David Choquehuanca Céspedes). Con el tiempo los arcistas y choquehuanquistas demostraron mantenerse unidos ante diferentes crisis políticas defendiendo la gestión de Arce-Choquehuanca y buscando la renovación de liderazgo en el partido, la cual estaba liderada desde 1997 por el expresidente Evo Morales, por ello esta facción se empezó a denominar como el «bloque renovador» en contra posición de los «Evistas» denominados como los «radicales» que defienden el liderazgo de Morales y buscan su reelección.                             Esa división llevó el aislamiento del partido de Evo Morales. En junio del 2025 sus seguidores intensificaron sus protestas con marchas y bloqueos de caminos, para exigir a la autoridad electoral que valide la candidatura presidencial del exmandatario. Morales, quien gobernó en tres períodos entre 2006 y 2019, no consiguió inscribir su candidatura para los comicios del 17 de agosto por falta de partido tras su renuncia al Movimiento Al Socialismo (MAS) en febrero de este año. Además está impedido de postular por un fallo judicial que permite una sola reelección presidencial. Centenares de campesinos e indígenas reclamaron la renuncia del presidente Luis Arce, a quién acusaron de boicotear las ambiciones de Morales en alianza con la justicia electoral.presidencial del exmandatario. El ministro de gobierno Roberto Ríos respondió que «el bloqueo solamente tiene la finalidad de boicotear las elecciones generales» para que «la candidatura de una persona que está inhabilitada y que además no tiene partido se anteponga ante todo el sistema jurídico». El expresidente renunció al MAS tras distintas disputas que tuvo con el gobierno de Arce desde finales de 2021 por la forma de administrar el Estado, la candidatura presidencial y el control del partido oficialista que perdió después de casi tres décadas. El resultado de esta contienda fue el triunfo del centroderecha y la ultra derecha en el balotaje. Los dos candidatos son cercanos a los mercados y de orígenes privilegiados supone un cambio trascendental para Bolivia tras dos del partidos izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS). Los candidatos se asemejan a los de los gobiernos conservadores de la decada de 1990, que defendían privatizaciones y relaciones estrechas con Estados Unidos. Quiroga ha prometido un «cambio radical», que incluye recortes profundos en el gasto público y el cierre o privatización de las empresas estatales deficitarias. Paz anunció planes para un acuerdo de cooperación económica con Estados Unidos por 1500 millones de dólares para asegurar el suministro de combustibles. Marco Rubio dijo que ambos candidatos quieren unas relaciones mas solidas y mejores con Estados Unidos. Estas elecciones son una oportunidad de transformación. Apenas ganó en el balotaje Rodrigo Paz Pereira convocó a la unidad nacional y la colaboración de los partidos con representación parlamentaria y marcó objetivo «abrir Bolivia al mundo, retomar un rol que perdimos geopolíticamente y geoeconómicamente en las dos últimas décadas». Sin perder tiempo agradeció el respaldo ofrecido por Estados Unidos a través del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, «para poder llevar adelante una relación estrecha con uno de los gobiernos más importantes del ámbito mundial». El neo presidente pretende que con esas propuestas los demás partidos se incorporen a su proyecto. Evidentemente este presidente será un empleado mas de los Estados Unidos. Bolivia perderá su soberanía cuando privatice todas sus riquezas.                                                                                                               Ecuador también está bajo la protección de los Estados Unidos. Y qué mejor son los políticos de la ultra derecha para satisfacer al país del Norte. Si Ecuador tuvo un periodo fructífero fue durante el gobierno de Rafael Correa denominado “revolución ciudadana” que se caracterizó por la estabilidad política y el desarrollo económico durante 10 años desde el 2007 al 2017.                                                                                                                               En 2006, al cabo de una década de profunda inestabilidad institucional, Ecuador escogió como presidente de la República a un economista de izquierda cuya carrera política, verdaderamente fulgurante, coronó en pocos meses al frente del movimiento Alianza PAIS. Rafael Correa, fugaz ministro de Economía en 2005 y definido a sí mismo como un «socialista con fuentes cristianas», triunfó con su proyecto de proceso constituyente para refundar el Estado ecuatoriano, arrinconar a los poderes fácticos y la «partidocracia» tradicionales, darle la puntilla al sistema de «neoliberalismo caduco», priorizar el gasto social para erradicar la pobreza y alcanzar la «soberanía» energética y financiera. Con su avasalladora segunda reelección en febrero de 2013, Correa se dispone a escribir el mandato presidencial sin interrupciones más largo –diez años- en la historia del país.                               Puso las bases para el fortalecimiento de Petroecuador y el aumento de las ganancias del Estado en el negocio de los hidrocarburos, que se deseaba controlar. Ecuador regresó a la OPEP en 2007 tras 15 años de ausencia.                                                                                   De puertas al exterior, Correa no ahorró gestos para exhibir la gran amistad que le unía con el venezolano Hugo Chávez y su afinidad al proyecto bolivariano. Tras un período, más bien largo, de cautelosa preparación, el ecuatoriano consideró a su país, maduro para sumarse formalmente al ALBA en junio de 2009. Así, se produjo un alejamiento de Estados Unidos, al que no se le renovó el convenio para el uso de la Base de Manta y con el que dejó de negociarse un Tratado de Libre Comercio cuyos términos exclusivamente arancelarios no gustaban en Quito. Por otro lado, Correa planteó a sus vecinos crear una moneda común y dotarse de un Fondo de Reservas del Sur y de un Banco del Sur como alternativas a los denostados FMI y Banco Mundial. Otro giro fue el nuevo capítulo de relaciones con Irán. En 2011 Quito expulsó a la embajadora estadounidense porque entre los cables diplomáticos revelados se sugería que el presidente conocía y toleraba la corrupción «generalizada» en la Policía (Washington respondió con la misma moneda) y en 2012 Correa salió en defensa de Julian Assange, reclamado por la justicia sueca, concediéndole asilo por razones humanitarias en la Embajada en Londres, lo que provocó un conflicto diplomático con el Reino Unido y una nueva tarascada con Estados Unidos.                                                                                     Pero también Brasil tuvo su traidor y no es extraño que sea un fascista como Bolsonaro. Antes de convertirse en presidente y líder de un movimiento de extrema derecha que ahora lleva su nombre, el «bolsonarismo», Jair Bolsonaro pasó tres décadas como congresista ignorado. Construyó su imagen defendiendo la dictadura militar que terminó en 1985. Tuvo una presencia constante en populares programas de televisión, donde despotricó contra la democracia y elogió el autoritarismo. En una entrevista de 1999, llegó a afirmar que, de ser elegido presidente, daría un golpe de Estado en su primer día de mandato y «remataría la obra» de la dictadura asesinando a 30.000 personas, empezando por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso.(1)                                                                                               Durante 5 años, desde el 2013 al 2018 fueron tiempos duros para el país porque se produjeron protestas masivas en 2013, recesión y juicio político en el 2016 a Dilma Rousseff “ Lava Jato” ( lavado de autos). En este juicio quedaron involucrados Dilma Rousseff y Lula junto a varios políticos del Partido de los Trabajadores. Para el pueblo significó una gran desilusión . En abril 2018 Lula fue preso y no pudo presentarse a las elecciones. De esta manera quedó el camino libre para la llegada al gobierno de Jair Bolsonaro. Sus votos llegaron desde la clase media y media-baja que eran decepcionados del Partido de los Trabajadores, una comunidad evangélica que representaba el 26% de la población, elementos de la policía y militares, militantes de la extrema derecha. Desde que asumió a la presidencia se alineó con el gobierno de Donald Trump y con gobiernos de derecha como Hungría e Israel. Impulsó una agenda ambiental que debilitó la supervisión y relajó las protecciones en favor de la agroindustria. Esto provocó la deforestación en la Amazonia.                                     En octubre del 2022 se realizaron las elecciones y se enfrentaron Lula, quien había sido liberado en noviembre del 2019 y cuyos cargos fueron anulados por el Tribunal Supremo. El día de la segunda vuelta, la policía federal de carreteras de Brasil, bajo el gobierno de Bolsonaro, realizó bloqueos de carreteras en zonas donde Lula contaba con un fuerte apoyo. Según el gobierno era para evitar el fraude pero evidentemente era para impedir que los partidarios de Lula fueran a las urnas. Ese día, el juez del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes ordenó el levantamiento de los bloqueos y amenazó con encarcelar al jefe de policía si continuaban. Lula ganó las elecciones pero apenas con una diferencia del 2%. A fines del 2022, Bolsonaro viajó a Florida para no presenciar la asunción de Lula el 1° enero 2023. El 8 de enero miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron en el Congreso, el Supremo Tribunal y el palacio presidencial, aunque Lula no era presente en el lugar. Todo muy parecido a lo ocurrido al ataque en el Capitolio (USA). Al final del día las fuerzas de seguridad tenían todo bajo control. Bolsonaro negó su implicación pero los jueces de Tribunal Supremo lo interpretaron como un plan para destituir a Lula. Bolsonaro regresó al país para organizar con los aliados la carrera presidencial del 2026. Al mismo tiempo, las investigaciones en su contra lideradas por la Policía Federal bajo la supervisión de Alexandre de Moraes cobraban impulso y, en abril de 2025, el STF programó su juicio. Al denunciar la demanda como persecución política, uno de los hijos de Bolsonaro, el congresista Eduardo Bolsonaro, se trasladó a Estados Unidos para presionar a la administración Trump y a la base del MAGA para que se tomaran medidas contra Brasil. En julio, Trump impuso aranceles del 50% a los productos brasileños, alegando lo que describió como una cacería de brujas contra Bolsonaro. En agosto Bolsonaro fue puesto bajo arresto domiciliario. El expresidente fue finalmente condenado por el STF por liderar una conspiración fallida. Como resultado, se le inhabilitó para postularse a cualquier cargo público hasta 2060.      Pero tampoco Perú está exento en golpes de gobierno. José Pedro Castillo Terrones, docente, sindicalista fue presidente desde el 28 de julio de 2021, asumiendo una postura de izquierda conservadora, tras derrotar en las elecciones a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, de fuerza popular. En el gobierno de Castillo se realizó la Segunda Reforma Agraria, inició el proceso de adhesión a la OCDE y se fortaleció las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, su presidencia estuvo marcada por los constantes enfrentamientos con el ala derecha del congreso (obteniendo apoyo de sectores de izquierda), las denuncias de derechización  de su gestión por parte de la izquierda, la mala relación con la prensa debido a las investigaciones a su gobierno (ante la cual impulsó la denominada prensa alternativa como prensa oficialista), el oportunismo político entre los sectores oficialistas y el nombramiento de personas cuestionadas con la subsecuente incertidumbre política (llegándose a nombrar 78 ministros en todo su mandato), la inestabilidad social y económica (que desató, entre otros, protestas a nivel nacional debido al aumento del precio de combustible y el incumplimiento del gobierno de los acuerdos suscritos con los transportistas, además de protestas mineras), una política exterior errática y el aumento progresivo de la criminalidad (incrementándose el número de extorsiones y de las acciones de mineros ilegales en zonas como Pataz); acaeciendo diversos escándalos que motivaron dos mociones de vacancia (el primero en noviembre de 2021, y, el segundo en marzo del 2022) que no recibieron el respaldo suficiente debido a una oposición fraccionada, siendo estos escándalos el Caso Casa de Sarratea (despacho paralelo para negociaciones con diversos personajes), el Caso Marka Group (que involucró el presunto pago de sobornos por parte de la empresaria Sada Goray a Castillo y su entorno para obtener beneficios para su empresa), el Caso Los Niños (por presuntos beneficios a congresistas para que voten en contra de las mociones de vacancia), el Caso Gabinete en la Sombra (una presunta organización criminal que tenía como objetivo copar instituciones públicas y facilitar el direccionamiento de licitaciones a favor de empresas afines), las denuncias de irregularidades en los ascensos de militares y policías, la inscripción del FENATEP y su influencia dentro del gobierno, la crisis de fertilizantes por fallidas compras de urea, las controversias con constructoras chinas, entre otras. El 7 de diciembre de 2022, el presidente Castillo transmitió en vivo un mensaje a la nación en donde pretendía ejecutar un  autogolpe de Estado. Tras dicho mensaje, el Congreso de la República adelantó la sesión e inició la votación de la vacancia directamente, amparándose en el artículo 46.º de la Constitución Política del Perú («nadie debe obediencia a un gobierno usurpador»), debido a la gravedad de la situación. Luego de dicha votación, se alcanzaron 102 votos a favor de la destitución de Pedro Castillo, por lo cual la moción de vacancia por incapacidad moral fue aprobada poniendo fin a su gobierno.                                                                                                                                          El 26 de junio de 2024 Castillo se afilió al partido Todo con el Pueblo, partido del que anunció su creación^[ y que en agosto de 2025 se inscribió en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El TCP ha sido motivo de controversia debido a la presencia de familiares en puestos clave de la organización que están implicados en investigaciones por casos de corrupción durante el gobierno de Castillo como es el caso de Gloria Castillo, Lilia Paredes y Yenifer Paredes.^[El 4 de marzo de 2025, se inició el juicio en su contra por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y alteración de la tranquilidad pública.                                                                                                                                        Le sucede la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, abogada,  desde el 7 de diciembre de 2022 hasta su vacancia el 10 de octubre de 2025, siendo la primera mujer en el cargo. Inició su vida política en el año 2018 con el partido Perú Libre (PL), del que fue expulsada en 2022 por discrepancias partidarias.                                                                                              Si bien la propia Boluarte se ha autodenominado como «de izquierda progresista y moderada, su presidencia ha sido calificada de conservadora, oportunista, frívola e híbrida, además de recibir, bajo el argumento de la gobernalidad, el apoyo de diversas bancadas del congreso, en especial de Alianza para El Progreso (derecha) de César Acuña. En el contexto de la crisis política iniciada en el 2021, algunas fuentes le atribuyen a su presidencia la permisividad de la erosión democrática mientras que otras, principalmente de derecha, le atribuyen un aspecto reformista que posibilitó el «desmontaje de la República Caviar».                                             El inicio de su gobierno estuvo marcado por protestas en su contra, que fueron convocadas en su mayoría por diversas organizaciones sociales de izquierda política que, a lo largo del tiempo, sumarían el apoyo de partidos políticos afines al espectro ideológico de centro-extrema izquierda y desembocaron en la muerte de 49 personas.  Durante su gobierno se impulsaron medidas para la reactivación económica y el destrabamiento de obras, se fomentó programas sociales (como el Ciclo Olímpico y Llamkasun), la construcción de «Escuelas Bicentenario» y obras de saneamiento, la modernización e impulso de la industria de defensa, se creó la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y se reestructuró la gestión de infraestructura, se mantuvo una política exterior neutral aunque se fortaleció las relaciones bilaterales con la República Popular China, se realizó la APEC 2024 (durante la cual inauguró el Puerto de Chancay junto al mandatario chino Xi Jinping),  se defendió la posesión peruana de la Isla Santa Rosa en el incidente fronterizo con Colombia  y se impulsó la creación del puerto espacial peruano  y medidas de desarrollo ferroviario . Sin embargo, la criminalidad, creciente desde la gestión anterior,  siguió aumentando hasta desbordarse, ante lo cual impulsó medidas (como el denominado «Plan Boluarte», estados de emergencia y la reapertura del Penal de El Frontón) que fueron consideradas insuficientes y motivaron críticas y manifestaciones, en especial del sector transporte, en su contra.                            Pero la derecha no se detiene. En abril del 2024 Keiko Fujimori había logrado una victoria con la decisión del poder judicial de anular el juicio oral que se le había iniciado en julio de 2024 por organización criminal y lavado de más de 17 millones de dólares. Fue un importante triunfo legal para la hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, pero no fue una victoria definitiva, porque no significa su archivo, sino el regreso del proceso a una etapa previa de control de acusación, en la que la Fiscalía deberá presentar una nueva acusación y un juez evaluarla y decidir si procede o no abrir otro juicio oral. Esta decisión de anular un juicio en proceso no tiene precedente. En Junio de este año el Congreso peruano aprobó una ley de impunidad para los represores. Controlado por bancadas de derecha y extrema derecha, con el fujimorismo como la principal fuerza de esa coalición, el Congreso, aliado del gobierno de Dina Boluarte, ha aprobado una ley de amnistía para militares, policías y miembros de las autodefensas civiles responsables por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno que en los años 80 y 90 dejó cerca de 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos. Fue aprobada con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. Se indica que la amnistía es para los mayores de 70 años, lo que incluye a la gran mayoría de los responsables por los graves crímenes cometidos hace más tres décadas. En septiembre el Golpe a la institucionalidad democrática –lo que queda de ella- para instrumentalizar políticamente el sistema de justicia. El golpe ha sido impulsado por el gobierno de Dina Boluarte y sus aliados de extrema derecha que controlan el Congreso y la sostienen en el poder. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que ha investigado y acusado a Boluarte, su hermano, ministros y congresistas, ha sido destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) nombrada por la mayoría de derecha que controla el Congreso. Un día antes de su destitución la fiscal general había denunciado penalmente al partido fujimorista Fuerza Popular (FP) por “conducta antidemocrática” y demandado ante el Poder Judicial que la agrupación política que encabeza Keiko Fujimori sea ilegalizada.                                                                             Pero la derecha cuando se ve en peligro, ella sabe cómo evadirlo y como el gato cae siempre de pie. El Congreso de Perú destituyó de modo exprés el jueves 9 octubre por la noche a la presidenta Dina Boluarte, tras declarar su permanente incapacidad moral para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado. Asimismo, se resolvió la aplicación del régimen de sucesión establecido en la Constitución peruana, asumiendo la jefatura del Estado el presidente del Congreso, el derechista José Jerí hasta las nuevas elecciones ya convocadas para 2026. Pero parece que en los papeles no son muy limpios. Diputado de ultraderecha que hace cuestión de meses fue denunciado por corrupción y violación a una mujer, aunque esto ultimo fue sobreseído.  Al saberse de su designación, la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú denunció que ningún funcionario con denuncias graves debería asumir a la más alta carga del Estado. Así como el pueblo protestó para que destituyeran a Dina Boluarte, lo mismo es rechazado al nuevo presidente José Jerí porque lo consideran como el continuismo. En definitivo, el pueblo quiere que se vayan todos. Así todo Jerí aseguró que no renunciará y para ello se presentó en la presidencia con represión y  la muerte de un músico de 32 años, que recibió un balazo en el tórax, disparado por un policía vestido de civil y más de 100 heridos. La mayoría parlamentaria justificó la represión y ataco a los manifestantes. La izquierda presentó una moción para destituirlo pero solo obtuvo 20 votos, y su apoyo fue con la mayoría de la derecha.     Otro país inestable, políticamente hablando, es la Argentina. Desde el comienzo de la democracia en 1983 hasta hoy no se puede decir que el país haya tenido un programa económico estable, salvo los primeros años del 2000, después del default, con los gobiernos de los Kirchner. Lo que antes los Estados Unidos operaban en el país con los golpes de estado efectuados por los militares, hoy existen los políticos, civiles que con tal de estar en el poder, venden (regalan) el país empobreciendo al pueblo, mientras ellos se enriquecen. En 1983 el gobierno de Alfonsín, fue un gobierno de transición entre la dictadura y la democracia. Lo habían votado más del 50% de electores, parecía un gobierno fuerte, al menos exteriormente pero en la realidad no fue así. Sobretodo cuando tuvo que negociar con el FMI la deuda que habían dejado los militares que era aproximadamente de 43.600 millones de dólares tuvo que ceder con el pedido del FMI, la renuncia del ministro de Economía Bernardo Grinspun. Él quería investigar el origen de la deuda, y negociarla juntos con otros países deudores, formando un club de deudores, pero no prosperó debido que Mexico y Brasil cedieron ante la presión del FMI y aceptaron negociar por país. En 1985, el Estado argentino estaba prácticamente en default, ya que pagaba la deuda en forma parcial, porque los ingresos del fisco eran menos de la mitad de los intereses de la deuda.  Durante los años 1985-1988, el pago de intereses de la deuda fue por la totalidad del superávit comercial del período (unos 8.500 millones de dólares). Sin embargo, la deuda externa pública nacional creció hasta los 63.200 millones de dólares al final de 1988 porque los intereses superaron ampliamente a los pagos. (2) En 1989 vino el menemismo y todo lo que ello significa. El ex presidente sorprendió el primer día de gobierno nacional con un giro copernicano entre las promesas de campaña de “salariazo” y “revolución productiva”, a implementar un programa económico diseñado por el grupo Bunge & Born, basado en un tipo de cambio alto, privatizaciones, renegociaciones con los acreedores externos y disciplina fiscal. De ellos llega el primer ministro de la economía Miguel Angel Roig, pero fallece después de 1 semana de su asunción. Se lo reemplazó Nestor Rapanelli, otro ejecutivo de la corporación. Destrabó créditos del Banco Mundial a cambio de las privatizaciones de los servicios públicos. Pero después de 6 meses desde su asunción no pudo evitar la hiperinflación . Lo siguió Erman Gonzalez que sorprende a los mercados con un plan de estabilización de precios basado en el canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo en el sistema financiero, en su mayor parte colocados a 7 días, por Bonos Externos 1989, en dólares a 10 años de plazo. El 4° ministro de Economia fue Domingo Cavallo, quien lograra que el Congreso apoyara una ley que establece la conversión fija de 1 peso por 1 dólar. Avanzó con la política inicial del gobierno de Menem del plan de privatización y concesión que incluyó a prácticamente la totalidad de las empresas que desde la época de Perón eran propiedad del Estado. Entre los casos emblemáticos se destacaron Aerolíneas Argentinas y ENTel ( teléfono). Este plan derivó en una sostenida aceleración de la tasa de desempleo, al rango de los dos dígitos porcentuales, porque en paralelo no se generaron políticas orientadas a multiplicar los puestos de trabajo.(3)                                     Todo este bienestar ficticio, gracias a la venta de “la joya de la abuela”, llega su fin durante el gobierno de De La Rua con la crisis del 2001 y declarando el default. Renunció el 21 de diciembre y le sucede el presidente del Senado Puerta hasta el 22 de diciembre, tiempo suficiente para convocar dentro de las primeras 48 horas a la Asamblea Legislativa para elegir quién debería desempeñar la presidencia hasta que un nuevo jefe de Estado fuera electo. En la Asamblea Legislativa del 23 de diciembre de 2001 se eligió a Adolfo Rodríguez Saa (PJ) -hasta entonces gobernador de San Luis- para el cargo de presidente. Anunció el default con el cese del pago de la deuda externa y llamó a elecciones anticipadas para el 3 de marzo 2002. El 28 de diciembre de 2001 se produjo otra masiva revuelta popular. Durante la madrugada, cientos de miles de personas se presentaron en Plaza de Mayo. Un grupo intentó forzar las puertas de la Casa de Gobierno y se desató la represión. Otra multitud marchó hacia el Congreso, donde se abalanzaron contra las puertas de hierro y lograron ingresar al Parlamento. El 29 de diciembre el Gabinete puso a disposición la renuncia y, si bien Rodríguez Saa convocó a una reunión en Chapadmalal, solo concurrieron seis gobernadores. El presidente atravesó la ciudad de Mar del Plata hasta el aeropuerto, escondido en una camioneta, en medio de las marchas y los cacerolazos, y partió a San Luis, desde donde anunció su renuncia. Lo sucede Eduardo Camaño quien convocó a la Asamblea Legislativa en forma urgente, reuniéndose il 1° de enero del 2002, nombrando el nuevo presidente a Eduardo Duhalde, manteniendo el cargo hasta mayo del 2003, cuando asumió el nuevo jefe de estado Nestor Kirchner. Durante su gestión, confirmó la moratoria del pago de la deuda externa, liquidó la convertibilidad del peso y aplicó un ajuste fiscal demandado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, flexibilizó el corralito financiero y finalmente lo levantó. Durante su gobierno se pagó el total de la deuda al FMI, para volver con el gobierno de Mauricio Macri (2015) con el ministro de economía Luis Caputo. Originalmente, el acuerdo que el Gobierno de Mauricio Macri firmó con el FMI un préstamo por US$ 50 mil millones, pero en septiembre de 2018 se renegoció y el monto se amplió a un número cercano a los US$ 57 mil millones. Sin embargo, nuestro país no recibió todo ese dinero. Luego de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que ganó Fernández (Frente de Todos) y el posterior salto del dólar, el FMI decidió suspender los últimos desembolsos, por lo que la Argentina recibió poco más de US$ 44 mil millones, cerca de un 78% del monto total del acuerdo. Al final de su gobierno la deuda con el FMI fue de US$ 41.467 millones, casi a los mismos valores del crédito original. Si se incluye al resto de las entidades financieras ( como BID, Banco Mundial) el endeudamiento con los organismos internacionales totaliza US$ 73.663 millones. El 10 de diciembre del 2023 asumió el nuevo presidente Javier Milei, y su ministro de economía Luis Caputo, el mismo que endeudó al país en el gobierno de Mauricio Macri. No podía ser diferente ya que volvió a firmar otro préstamo con el FMI. En abril 2025 firmó un acuerdo por U$S 20.000 millones. Y para las elecciones del Congreso en octubre y con el país al borde del colapso, debió recurrir al presidente de los Estados Unidos quien le concedió otros U$S 20.000 millones en carácter de SWAP, como garantía en los próximos pagos de la deuda. Su gobierno se caracteriza por la motosierra e ir contra la casta. El pueblo nunca se imaginó que la casta eran ellos. Cerró instituciones estatales en todo lo que podía. También privatizó terrenos del Estado a favor de las corporaciones inmobiliaria.  Apenas asumió al poder, realizó una gran devaluación del peso provocando una super inflación, impidiendo a los sindicatos de modificar los salarios con las paritarias. Eliminó más de 200.000 empleos públicos. Cerró unidades turísticas en Chapadmalal y Embalse Rio Tercero. Para ellos, la intervención del Estado en el turismo social «genera una competencia absolutamente desleal» y no la garantía de un derecho de la sociedad. Avanza con la privatización de las rutas nacionales. Cierre de Vialidad Nacional, que se ocupa el mantenimiento de 40.000 km de rutas nacionales. También está la entrega de centrales nucleares privatizando Nucleoeléctrica Argentina. Eliminó aranceles a ciertos productos importados. El 26 de octubre se realizaron las elecciones para sustituir una parte del Congreso, diputados y senadores. El resultado final fue la victoria de Milei, para ello contó con el apoyo total de los Estados Unidos y para asegurarse el triunfo también tuvo la ayuda de los Jueces de la Corte Suprema, amigos del Poder, para crearle un juicio a la líder de la oposición, el peronismos con Cristina Kirchner, que ya había sido juzgada obteniendo la  absolución, pero reabrieron la causa y se “inventaron” el juicio otorgándole prisión domiciliaria, suficiente para no poder presentarse en las elecciones. Muy parecido a lo ocurrido con Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Georgescu en Rumania, Evo Morales en Bolivia.